Al institucionalizar la discriminación, las leyes que penalizan la homosexualidad refuerzan la desventaja sistémica de las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, así como de las personas transgénero (que pueden ser heterosexuales), y actúan como incitación oficial a la violencia contra tales personas o como justificación de esa violencia, ya sea bajo custodia, en la cárcel, en la calle o en el ámbito familiar. Estas leyes permiten que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley invadan los domicilios particulares de personas que presuntamente mantienen relaciones sexuales consensuales con personas del mismo sexo. Pueden tener como resultado la impunidad por detenciones arbitrarias basadas en denuncias relacionadas con la orientación sexual, en rumores sobre el comportamiento sexual o en objeción a la presentación de género, con escasas o nulas consecuencias por la comisión de actos de tortura u otros malos tratos. Individuos o grupos homofóbicos y transfóbicos entienden estas leyes como un permiso para perseguir a personas, organizaciones y actos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las personas supervivientes de abusos contra los derechos humanos pueden no disponer de recurso a la justicia y ser privadas de acceso a resarcimiento. Sin la protección fundamental de la legalidad, es imposible que los y las activistas formen organizaciones y hagan campaña por el derecho a llevar a cabo prácticas sexuales consensuales con personas del mismo sexo, o incluso que se reúnan en público. Y hasta el uso que hacen de Internet en privado puede utilizarse en procesamientos en su contra.
Este documento examina los diferentes enfoques legales de la penalización de la homosexualidad, incluidos los enfoques menos directos que pueden no penalizar de forma explícita la conducta sexual entre personas del mismo sexo sino que tratan de impedir la promoción de la homosexualidad, proteger a los menores o responder a preocupaciones relacionadas con la salud pública. Vemos cada vez con mayor frecuencia cómo se invoca la relación entre penalización y moralidad y cómo algunos Estados utilizan la penalización de los actos sexuales entre personas del mismo sexo y, cada vez más, el matrimonio entre personas del mismo sexo para fomentar un “pánico moral” contra las lesbianas y los gays. Aunque rara vez se utiliza en algunos de los siete países donde los hombres –y los cuatro países donde las mujeres– pueden ser condenados a muerte por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, el solo hecho de que la pena de muerte pueda aplicarse constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Varios países disponen, o han dispuesto, de leyes que penalizan la homosexualidad en su cuerpo legislativo aunque esas leyes nunca se apliquen. La persistencia de tales leyes sirve para reprimir a quienes se identifican como lesbianas, gays o bisexuales, a quienes desean explorar la sexualidad con personas del mismo sexo y a quienes no encajan en la clasificación estricta y las “normas” aceptadas de dos categorías de género.
La penalización de la homosexualidad no impide que se lleven a cabo los actos sexuales consensuales proscritos, y tampoco es el único obstáculo en el camino hacia la igualdad plena. La despenalización no es toda la respuesta, pero es un paso fundamental hacia el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, personas que realizan prácticas homosexuales y personas transgénero.
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Amor, Odio y Ley - Despenalizar La Homosexualidad
Al institucionalizar la discriminación, las leyes que penalizan la homosexualidad refuerzan la desventaja sistémica de las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, así como de las personas transgénero (que pueden ser heterosexuales), y actúan como incitación oficial a la violencia contra...
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